La justicia investiga al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. El propietario de la vivienda declaró que Adorni extendió su estadía de palabra y realizó los pagos en efectivo.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó este martes un testimonio clave que complica la situación del Jefe de Gabinete. José Luis Rodríguez, propietario de una finca en el exclusivo country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y brindó detalles sobre el millonario alquiler que el funcionario mantuvo durante un año y medio.
Según el testimonio, Adorni desembolsó un total de 21.000 dólares en efectivo para costear su estadía mientras refaccionaba su propiedad permanente. Lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo el monto, sino la informalidad de los últimos pagos: el funcionario acordó "de palabra" y sin contrato una extensión de tres meses, abonando 2.400 dólares adicionales en divisa extranjera.
Los números bajo la lupa: alquileres y remodelaciones
El expediente judicial busca determinar si los ingresos declarados por el exvocero presidencial coinciden con su nivel de vida actual. Los gastos bajo investigación incluyen un alquiler temporario por el cual Adorni desembolsó US$ 21.000 en efectivo tras una residencia de 18 meses en el country Indio Cuá. A esta cifra se suma la compra de una propiedad valuada en US$ 120.000 y una posterior remodelación de lujo, cuya inversión alcanzó los US$ 245.000 según la declaración del constructor Matías Tabar, un monto que triplica el valor original de adquisición de la vivienda.
Rodríguez aportó a la fiscalía sus conversaciones de WhatsApp con el Jefe de Gabinete y los contratos iniciales del alquiler, elementos que ahora forman parte de la prueba documental para contrastar con las declaraciones juradas del funcionario.
La defensa de Adorni: "Es una operación política"
Desde el entorno del Jefe de Gabinete mantienen una postura desafiante. Manuel Adorni sostiene que la denuncia es una "operación para debilitarlo" y asegura que cuenta con toda la documentación necesaria para respaldar sus movimientos financieros.
Aunque el plazo legal para presentar su Declaración Jurada vence el 31 de julio, el funcionario dejó trascender que podría adelantar el trámite para finales de mayo o principios de junio. El objetivo sería frenar el impacto mediático y político de la causa antes de que el fiscal Pollicita solicite nuevas medidas de prueba sobre sus cuentas bancarias y consumos en el exterior.
