El decreto establece que la autoridad encargada de supervisar los comicios sindicales sólo podrá convocar elecciones en casos excepcionales.
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto 342/2025, que introduce cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales con el objetivo de limitar la intervención del Estado en las elecciones internas de los sindicatos. Según el Gobierno, la medida busca “fortalecer la autonomía sindical y garantizar la libertad sindical en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país”.
El decreto establece que la autoridad encargada de supervisar los comicios sindicales sólo podrá convocar elecciones en casos excepcionales, como cuando el sindicato carezca de órgano de conducción y sus estatutos no indiquen cómo solucionar esa situación. En esas circunstancias, se designará un funcionario para organizar las elecciones y normalizar la conducción en un plazo máximo de 120 días hábiles, con la posibilidad de prórroga si fuera necesario.
En el Ministerio de Capital Humano indicaron que "a reforma garantiza el respeto a la autodeterminación de las asociaciones sindicales, ratificando el derecho de los trabajadores a elegir libremente sus dirigentes, al disponer la no intervención de las autoridades públicas en sus procesos electorales".
Además, en el decreto 342 se fijan nuevos plazos y procedimientos para llevar adelante las elecciones. La convocatoria deberá realizarse con al menos 45 días de anticipación y se detallan pasos para la confección de padrones, presentación y oficialización de listas, así como para la fiscalización del acto electoral.
Desde el Gobierno destacaron que “estas reformas buscan optimizar la estructura del Estado y promover una mayor democracia interna en las organizaciones sindicales, reduciendo la intervención directa en sus asuntos”. También remarcaron que “la autonomía sindical es un derecho fundamental, y esta medida apunta a protegerlo para fortalecer las instituciones y el diálogo social”.
El decreto, que ya está en vigencia, será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su seguimiento. Por ahora, no contempla regulaciones sobre la huelga ni otras formas de protesta laboral, enfocándose exclusivamente en la organización electoral interna.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca responder a críticas sobre excesiva intervención estatal en los sindicatos y alinearse con estándares internacionales sobre libertad sindical, en un contexto de reorganización y racionalización del Estado.
