La estrategia judicial de Miguel Calvete, Spagnuolo y Garbellini apunta a que sea en segunda instancia que se defina sus situaciones procesales. De los tres, Calvete es el más complicado por las anotaciones encontradas durante un allanamiento
El caso por presuntos hechos de corrupción en la compra de medicamentos de alto costo de la Agencia Nacional de Discapacidad, pasó a ser uno de los frentes más delicados para el Gobierno junto al expediente de la critpomoneda $LIBRA.
Lo que empezó con una denuncia por audios filtrados terminó abriendo una investigación compleja, pero con pasos agigantados de la mano del fiscal Franco Picardi. El devenir de la causa, que estuvo bajo secreto de sumario, da cuenta la magnitud del impacto que puede generar dentro de la gestión de Javier Milei, donde día a día crece la incertidumbre por la serie de cambios que se dieron en las últimas horas en torno al Gabinete ministerial.
Si bien la mirada de la causa se trasladó a las anotaciones del extitular de los supermercadistas chinos, Miguel Calvete, las dudas por las grabaciones atribuidas al entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, la legitimidad y su obtención persisten, aunque para la fiscalía no son parte del actual objeto de investigación.
Lo anterior puede significar un muy leve respiro para el Gobierno, sin embargo, ello no aminora el impacto político por estar insertos los nombres de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, extremadamente cercanos al presidente Javier Milei en una supuesta interacción en maniobras espurias en un área especialmente sensible como lo es la asistencia a personas con discapacidad.
Aunque desde Casa Rosada insisten en que se trata de un caso acotado a Diego Spagnuolo, lo cierto es que el expediente creció hacia afuera por involucrar empresas del sector farmacéutico, dirigentes con peso territorial y operadores políticos como Miguel Calvete de quien se hace foco en su patrimonio.
El foco judicial ahora está puesto en la casona ubicada en el barrio de San Telmo, atribuido a Calvete y donde cámaras de seguridad registraron la presencia de Diego Spagnuolo, surgieron tras el entrecruzamiento de datos de proveedores. El "centro cultural" ubicado al 1300 de la calle Defensa, no figuraba en el centro de la causa, pero su aparición disparó sendas dudas por el origen de los fondos con los que se compró y la cadena de titulares por la que paso ese espacio.
Sin embargo, a lo que se busca bajar el precio es al testimonio del exasesor Fernando Cerimedo, el cual abrió un interrogante sumamente incómodo: afirmó que Diego Spagnuolo le había dicho que ya había informado a Javier Milei sobre las irregularidades. Aunque esto, no es concluyente para la Justicia, dentro del círculo rojo, es un explosivo de alta letalidad, pues hace creer la idea que el presidente podría haber estado enterado del esquema o, como mínimo, de que su entorno más directo operaba sin controles.
Hasta ahora, de los 15 citados a indagatoria solo pasaron 4: Pablo Atchabahian, Miguel Calvete, Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini. Todos optaron por el silencio como estrategia judicial por dos razones, la primera el poco tiempo que tuvieron sus defensas para ver y analizar el expediente que estuvo durante varias semanas bajo secreto de sumario y la segunda, dejar en manos de la Cámara Federal Porteña el análisis de los eventuales procesamientos que pudiera hacer el juez Sebastían Casanello.
Precisamente, ese tribunal revisor integrado por los magistrados Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun es el que tiene en sus manos la decisión de determinar o no el cierre de la causa, toda vez que tanto Diego Spagnuolo, Emmanuel, Eduardo y Jonathan Kovalivker, titulares de la Droguería Suizo Argentina reclamaron la invalidez de los audios señalando que se trata de una cacería de brujas y una expedición de pesca.
