El juicio por la estatización de la petrolera estatal en 2012 está entrando en terreno de definiciones. Riesgo para el país, que deberá ver cómo desarma la avanzada de los fondos de inversión.
Loretta Preska le dio este martes la razón al fondo Burford Capital y declaró a YPF y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como potenciales “alter ego” del país. Esto es, dos sujetos jurídicos directamente relacionados y en acción conjunta permanente.
Con este paso, ahora obligará a la Argentina a enviar información sobre los movimientos de los últimos años de la petrolera y la entidad que maneja Santiago Bausilli, para luego avanzar en eventuales embargos al país. Por ahora no avanzará sobre otras sociedades donde el país también está presente como socio total o mayoritario, para saber si hay relaciones similares a las que la República mantiene, según la visión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, con YPF y el Banco Central.
El próximo paso se dará el miércoles cuando escuche los argumentos del fondo de inversión para avanzar sobre las acciones de las empresas argentinas a modo de embargo, y luego se tomará hasta 10 días para resolver si autoriza o no los embargos a esas sociedades como garantía de pago del país.
Empresas en la mira
Así, desde hoy se sabe que están en serio peligro, YPF y el BCRA. La lista podría incluso ampliarse a otras sociedades como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Banco Nación y Enarsa.
Todas están en la mira de Burford Capital, que hace 15 días presentó un escrito en el juzgado de Primera Instancia de la Segunda Sección de Nueva York que maneja Preska, para que se considere a las acciones que la República Argentina tiene en estas sociedades como un "alter ego" del país. Y que, en consecuencia, esas posiciones sean consideradas como parte de los bienes del Estado argentino.
Y, luego, embargables como garantía que el país cumplirá el compromiso de pagarle al demandante, los US$ 16.000 millones más intereses que Burford y Eton Park (como minoritario) que Preska consideró como acreencias de los dos fondos que vencieron en el juicio.
Este reclamo fue rechazado por Argentina la semana pasada, bajo el argumento que por las propias leyes argentinas no se puede transferir acciones a través de los poderes judiciales, tanto nacionales como extranjeros, y que una operación de este tipo sólo puede ser concretada por el Congreso Nacional. En el caso de las sociedades que son hoy propiedad del Estado nacional por haberlas renacionalizadas, la aprobación del Congreso debería contar con dos tercios de los votos en ambas cámaras. Hoy una utopía política.
Sería el caso de YPF, Aerolíneas Argentinas y Enarsa, que en algún momento fueron privatizadas. Argentina había argumentado que ni el BCRA ni el Banco Nación tienen cotización abierta o pública, con lo que no podrían se embargadas amparándose en leyes de Wall Street.
El argumento legal que presentaron los abogados que representan al país del estudio neoyorquino Sullivan & Cromwell (S&C), vuelve sobre el capítulo que no se pueden aplicar leyes y jurisprudencia norteamericana, cuando están involucradas regulaciones locales que hayan pasado por el Congreso Nacional.
Este planteo no dio resultados en el pasado en este caso, dado que en su momento se reclamó el argumento de las leyes locales para defender la reestatización y el no haber abierto la oferta realizada a Repsol a los accionistas privados. Según el argumento original, una ley local tendría más fuerza que las normas y la jurisprudencia de Wall Street, algo que Preska ya rechazó.
La jueza de Nueva York determinó que la demanda original de Burford y Eton es correcta y ya falló en contra del país, decisión que Argentina llevó a la segunda instancia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es en esta instancia que ahora se debe resolver el reclamo de los dos fondos (Burford Capital y Eton Park) que quieren garantizarse el futuro cobro, embargando bienes de Argentina.
En marzo habían presentado la alternativa de considerar como “Alter Ego” del país las acciones de YPF, y ahora amplían el reclamo a esas otras sociedades en poder todo o en parte del Estado argentino.
Argumentos en contra
YPF, como sociedad independiente del Estado argentino pese a tener la mayoría accionaria luego de la reestatización del 2012, había presentado un escrito por el cual se opuso a la entrega al juzgado de esa información considerándola privada y exclusiva de los socios de la compañía, y asegurando que se trata de una sociedad privada, con cotización abierta tanto en Buenos Aires como en Nueva York, y que como tal está protegida por las normas de confiabilidad y auditoría de las bolsas de comercio de las dos ciudades.
Además, en el caso de Wall Street, esa acción de apertura de información a los demandantes externos a la compañía violentaría la protección de amparo de la U.S. Securities Exchange Commission (SEC). YPF, como sociedad cotizante en los mercados de capitales, aseguró en el escrito que mantiene, además del Estado argentino, muchos socios privados; con lo que no podría ser un "alter ego" del país. Y que, en consecuencia, sus acciones (tanto las públicas como las privadas) no pueden ser pasibles de embargos.
Siguiendo esta línea judicial, la argumentación no podría extenderse hacia el resto de las acciones reclamadas ahora por Burford, ya que ninguna de ellas tendría cotización en Wall Street, y luego, no estarían bajo la vigilancia de la SEC.
El caso está hoy en la segunda instancia judicial de Nueva York, al haber presentado Argentina una apelación ante la Cámara de Apelaciones de esa ciudad; tribunal que decidió aceptar el reclamo y que se tomará casi un año en resolver. Mientras tanto, y como garantías que cobrará los más de 16.000 millones de dólares que Preska consideró de retribución a Burford, el fondo busca los activos para avanzar en embargos.
