Completa la operación realizada el miércoles 28 de enero
El Ministerio de Economía dispuso la emisión y ampliación de una batería de letras y un bono del Tesoro por montos que, en algunos casos, alcanzan hasta cinco billones de pesos y US$3.500 millones, según la Resolución Conjunta 6/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda, enmarca las operaciones en las leyes de Administración Financiera y de Presupuesto 2026, y habilita una licitación por efectivo realizada el 28 de enero último.
Se emite una Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo, por hasta VNO $5 billones, con tasa efectiva mensual a definirse en la licitación, amortización íntegra al vencimiento y mínima de $1.
También se crea una Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio, por hasta VNO $5 billones, bajo condiciones similares de colocación, negociación en mercados locales y exenciones impositivas vigentes.
Además, se emite una Letra en pesos ajustada por CER a descuento, con vencimiento el 31 de julio, por hasta VNO $5,2 billones, cuyo capital se actualizará por el coeficiente CER y tendrá precio de emisión determinado en la licitación.
El Gobierno amplía, a la vez, la Letra vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril, por hasta VNO USD 3.500 millones, así como la Letra en pesos a tasa TAMAR que caduca el 31 de agosto, por hasta VNO $4,7 billones.
También se amplían las Letras capitalizables en pesos y las ajustadas por CER con vencimiento el 30 de noviembre, cada una por hasta VNO $5 billones y VNO $5,2 billones, respectivamente, en el marco del programa financiero de 2026.
La resolución afecta además al “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero de 2027”, cuyo monto emitido y no colocado, por VNO $614.788 millones, se imputa a las autorizaciones del artículo 44 del Presupuesto.
Ese mismo bono será ampliado por hasta VNO $3,6 billones, a colocarse mediante licitación y bajo las normas de procedimiento vigentes, mientras se faculta a distintos organismos de la Oficina Nacional de Crédito Público a instrumentar las operaciones previstas.
