Se cayó el veto a la Emergencia en Discapacidad es inevitable e instruyeron a los equipos legales del Gobierno a trabajar en la última bala de plata del Ejecutivo: judicializar la Ley.
El Senado derribó el primer veto presidencial en más de 20 años y el clima en la Casa Rosada es de tranquila resignación. El Gobierno sabe que no tiene más cartas para jugar en el Poder Legislativo y la Emergencia en Discapacidad es ley, pero tal como anticipó Javier Milei, el Ejecutivo hará uso de su último recurso: la judicialización.
La ley que el Gobierno no pudo frenar
La cámara alta se ratificó lo que dos meses atrás aprobó unánimemente con 55 votos afirmativos (7 más de los dos tercios necesarios para derribar un veto). Se trata de una iniciativa que propone, entre otros puntos, actualizar los valores que perciben los prestadores del sistema de salud que trabajan con el sector de discapacidad.
Según el Nomenclador Único de Discapacidad (NUD), que fija las tarifas que cobran los prestadores médicos de acuerdo a las disposiciones del Gobierno nacional, el sector sufrió pérdidas del 120,7% respecto a la inflación en 2023 -último año de gestión de Alberto Fernández- y otro 21,79% durante 2024, ya con Javier Milei en la Presidencia. En ese sentido, el último incremento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en diciembre pasado, cuando el dato de IPC de ese mes había sido 2,7%
En Casa Rosada, pese a reconocer el congelamiento que enfrentó el área desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, ratificaron su rechazo a la medida por su impacto fiscal. De acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la medida impulsada por la oposición tendría un costo de entre el 0,22% y 0,24%, sin contar algunos puntos o efectos laterales que no pudieron calcularse.
Por eso, el presidente insistió con que la ley -junto con otras medidas como los aumentos para las jubilaciones, la moratoria previsional, entre otras- formaba parte de los intentos de la oposición de darle un golpe al corazón del programa económico del Gobierno: el superávit.
