En una entrevista profunda, el juez de Ejecución Penal Juvenil analizó el triple femicidio de Florencio Varela y lo vinculó al accionar del narcotráfico, la desprotección estatal y el fracaso de las políticas de prevención. “El delito no es un problema jurídico, es un problema social”, sentenció. –eldiariodecatamarca.com
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En una entrevista profunda con el periodista José Alsina Alcobert para el programa La Mañana en La Isla, el juez de Ejecución Penal Juvenil Rodrigo Morabito se refirió al estremecedor caso de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, hecho que conmociona al país y que, según las investigaciones preliminares, podría estar vinculado con una organización narco.
Con la crudeza que amerita el caso, Morabito hizo un análisis que va más allá del expediente judicial, “Lo que pasó no tiene que pasar desapercibido, pero tampoco debe tomarse como algo cotidiano en Argentina. Este caso es fue claramente un femicidio, pero en el marco de una estructura criminal organizada”, aseguró.
Un crimen con mensaje
El juez advirtió que estos asesinatos podrían estar ligados a “mensajes de venganza o disciplinamiento interno dentro de una banda narco”, e incluso como señales al propio Estado, “Miren lo que somos capaces de hacer si ustedes avanzan con determinadas medidas”.
En ese marco, destacó que el narcotráfico avanza donde el Estado no llega, captando a los más vulnerables, “Recluta generalmente a personas vulnerables y vulneradas. Niñas, niños, mujeres, personas en extrema pobreza. Y después, cuando ya no sirven más, son desechables”.
Incluso, el juez subrayó la magnitud de la gravedad en este tipo de homicidios y como impactan en la sociedad, comparándolo con el famoso caso Campo Algodonero, ocurrido en México, donde se responsabilizó al Estado por no haber investigado adecuadamente el asesinato de varias mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, “La Argentina hoy está bajo la lupa por hechos como este. La falta de prevención y de políticas públicas profundas nos pone nuevamente en foco de atención internacional”.
El rol del Estado y la deuda social
Lejos de partidismos, el juez fue claro, “No politicemos este crimen, pero tampoco evadamos responsabilidades”. Señaló que, si bien el Estado somos todos, es el Estado político el que tiene el deber constitucional de garantizar seguridad y promover políticas sociales sostenidas.
“La criminalización no puede ser la única respuesta del Estado. Hace falta prevención. Y prevenir es generar condiciones de vida digna: salud, educación, alimentación, oportunidades reales”, expresó. “El delito no es un problema jurídico. Es un problema social. Y mientras no lo entendamos así, seguiremos llegando siempre tarde”.
Aprovechando para también cuestionar los intentos recientes desde algunos sectores del gobierno nacional de derogar la figura del femicidio, “Dicen que las mujeres mueren en iguales condiciones que los hombres. Claro, pero también mueren por ser mujeres, en contextos muy específicos. Y este caso lo demuestra claramente”.
El juez apuntó también a la falta de compromiso social, “Vivimos la era de la empatía lapicera. Del ‘sálvese quien pueda’. Sabemos que al lado venden droga, que golpean a una mujer, que una menor se prostituye en la calle... y miramos para otro lado. O decimos: ‘No es mi problema’” y no esquivó las autocríticas, “También he visto al Estado llegar tarde. He advertido en audiencias sobre chicos que podrían terminar suicidándose. Y sucedió. Lo vi venir. Lo dije. Y nadie hizo nada”.
Cárceles: repensar el encierro
Consultado sobre el rol de las cárceles, fue contundente, “La cárcel no está para hacer mejores personas. Está para que quien comete un delito reflexione y entienda que debe respetar la ley. Pero, así como están, las cárceles en Argentina no están cumpliendo con su función de reinserción. Son espacios de degradación humana”.
Refiriéndose también a las estructuras paralelas de poder y rentabilidad dentro del sistema penitenciario, “Todo tiene un valor altísimo ahí adentro. Una pastilla que afuera vale 40 pesos, adentro puede costar 150. Tener acceso a un teléfono, cigarrillos, droga… todo es rentable. Hay corrupción, conveniencia, impunidad”.
En esa misma línea, con respecto al personal penitenciario, expresó una visión humanizante, “También ellos son prisioneros de este sistema. Tienen familia, problemas, y están inmersos en un contexto violento que los afecta”. Y pidió una revisión estructural del sistema de encierro, “No estoy diciendo que no haya que encarcelar, pero hay que repensar profundamente cómo se ejecuta la pena”.
Finalmente, hacia el final de la entrevista, el juez cerró con una reflexión que sintetiza su mirada, “La justicia no es la solución. Es el último eslabón de una larga cadena de fracasos sociales. Cuando un chico llega a mi juzgado, muchas puertas ya le fueron cerradas antes. La verdadera prevención está en las políticas públicas, no en los códigos penales”.
Y concluyó, “Los jueces también somos ciudadanos. Caminamos las calles, vamos al supermercado, vivimos en esta misma sociedad. Y por eso no podemos mantenernos al margen. Tenemos la obligación de reflexionar, de involucrarnos, y de decir lo que está mal. Porque si no lo hacemos, también fallamos”.
