Tras el asesinato de Lucas González a manos de una brigada porteña, su familia fue estafada por un expolicía federal que vació las cuentas donde estaban los $112 millones de indemnización
El asesinato de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021, marcó uno de los episodios más graves de brutalidad policial en la Ciudad de Buenos Aires. El joven futbolista de las inferiores de Barracas Central fue interceptado por agentes de civil que abrieron fuego sin identificarse y sin dar la voz de alto, dejando un saldo trágico que conmovió al país.
Durante la reconstrucción del hecho se determinó que el Volkswagen Suran donde viajaban Lucas y sus amigos fue bloqueado por un Nissan Tiida sin identificación policial. Desde allí, tres efectivos descargaron más de veinte disparos. La familia del joven aún se pregunta por qué aquel accionar desproporcionado, teñido de prejuicios y violencia.
Con el paso del tiempo, la Justicia avanzó sobre los responsables. En julio de 2023, el Tribunal Oral Criminal N° 25 condenó a prisión perpetua a los policías Gabriel Isassi, Gabriel López y Juan José Nieva por homicidio quíntuplemente agravado. Además, otros efectivos recibieron penas por encubrimiento y torturas, dejando al descubierto una trama interna que intentó desviar la investigación.
Paralelamente, la familia de Lucas llevó adelante un juicio civil contra el Gobierno porteño, que culminó con una indemnización de $112.000.000. Ese dinero fue depositado en cuentas a nombre de los padres del joven, que aún atravesaban un duelo profundo y enfrentaban problemas de salud y económicos derivados del trauma.
En medio de esa vulnerabilidad apareció un expolicía federal del entorno barrial, que se ofreció como sostén y acompañante. Ganó la confianza de la familia, se integró a su rutina y se volvió una presencia constante, especialmente durante la etapa más crítica tras el crimen y las exigencias judiciales.
A partir de esa cercanía, se apropió de las claves bancarias con el argumento de brindar seguridad. Luego vació las cuentas: transfirió y retiró la totalidad del dinero destinado a reparar, mínimamente, el daño causado por el Estado. Cuando Mario González llegó al banco, ya no quedaba nada.
El caso abrió una nueva herida: el padre de Lucas no solo denunció al estafador —cuyo expediente fue caratulado inicialmente como “presunto hurto o robo”— sino también la falta de controles del banco donde se realizaron operaciones millonarias sin alertas. Su abogado, Carlos Diéguez, presentará pruebas para agravar la acusación.
Mientras tanto, la familia sigue afrontando gastos médicos, alquiler y una vida marcada por la ausencia de Lucas. Para Mario, el dolor se duplica: “Los policías mataron a mi hijo y este estafador nos destruyó”. La investigación continúa, aunque el acusado aún no fue citado a indagatoria.
