El exjefe de Gabinete respondió las consultas del fiscal Gerardo Pollicita y explicó el origen de sus ahorros en bitcoin, las obras en Indio Cuá y las rectificaciones de sus declaraciones juradas.
Manuel Adorni presentó ante el juez federal Ariel Lijo la documentación con la que busca explicar la evolución de su patrimonio durante el período en que ocupó cargos en el gobierno de Javier Milei. El escrito responde al requerimiento formulado por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y que ahora pasará a ser analizado por el magistrado.
El descargo de Adorni de 78 páginas, presentado por el abogado Matías Ledesma, enfatiza que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”. La justificación llega después de que la fiscalía detectara diferencias entre los ingresos acreditados del grupo familiar y los gastos realizados desde diciembre de 2023 hasta el 27 de junio de 2026, cuando dejó la Jefatura de Gabinete. El requerimiento fiscal, de 207 páginas, planteó veinte puntos que el exfuncionario debía aclarar.
La presentación parte de la propia reconstrucción realizada por la fiscalía. Según el escrito el Ministerio Público contabilizó ingresos lícitos por $229.752.283,20 frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20, además de US$402.578,12. Esa ecuación dejó una diferencia de $43.068.549.
La defensa intenta relativizar ese desfasaje. Señala que lo anterior representa el 15,8% de los egresos reconstruidos y el 18,7% de los ingresos lícitos y lo define como una “brecha residual”. Según sostiene, el informe contable incorporado como Anexo I permitirá explicar parte de las partidas que todavía no habían sido conciliadas.
Sobre los dólares declarados como ahorros y consignados bajo el rubro “venta de activos”, Ledesma afirmó que no se trató de la venta de un inmueble u otro bien físico, sino de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoin. De acuerdo con el detalle incorporado al escrito, esas operaciones representan un total de US$591.544,61. La defensa justificó lo anterior con un informe técnico sobre activos virtuales y una escritura notarial destinada a acreditar el control de las direcciones analizadas, con la cual Manuel Adorni pudo demostrar mediante la firma de mensajes con las respectivas claves privadas que las ocho billeteras le pertenecían.
En tanto, y respecto a las ocho direcciones de Bitcoin, registraron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no conservan saldo. Por eso, los abogados sostienen que se trató de un activo constituido y liquidado varios años antes de que Adorni ingresara a la función pública, en diciembre de 2023, y que las primeras compras de Bitcoin comenzaron en 2014 y que más del 99% del capital destinado a esa operatoria se concentró en 2017 en efectivo y mediante encuentros personales con vendedores y compradores, en una época en la que la infraestructura de exchanges era muy diferente de la actual.
El abogado de Manuel Adorni aclara que parte de esos fondos fue conservada en efectivo y posteriormente utilizada para afrontar gastos, inversiones y adquisiciones durante el período investigado. En un cuadro, la defensa muestra que los ahorros en efectivo declarados pasaron de US$513.000 al cierre de 2023 a US$388.961,52 al cierre de 2024 y a US$209.961,52 al cierre de 2025. Entre las aplicaciones consignadas aparecen gastos vinculados con la casa de Indio Cuá, la compra de un inmueble, viajes y el pago de deudas.
Otro de los puntos que la defensa busca despejar es el de las declaraciones juradas rectificativas. El escrito sostiene que las correcciones fueron realizadas antes de que Adorni recibiera el requerimiento fiscal y antes de una eventual fiscalización de ARCA. También afirma que el exfuncionario pagó las obligaciones tributarias derivadas de las rectificaciones y que no existe constancia de una observación del organismo recaudador.
En ese contexto, la defensa citó una declaración pública previa de Manuel Adorni en la que reconoció un error en la exposición de su patrimonio y manifestó: “Creo que tengo que pagar todo lo que corresponde”. También sostuvo que estaba dispuesto a abonar “hasta el último peso de impuesto”, junto con las multas e intereses que correspondieran. Los abogados utilizan esas expresiones como argumento para sostener que no existió intención de ocultar información patrimonial.
Sobre los consumos que aparecieron asociados a tarjetas o cuentas de otras personas, la defensa sostiene que se trató de operaciones realizadas por familiares, amigos o colaboradores que luego habrían reintegrado el dinero. Entre los testimonios citados figura el de Gisela Kocsis, quien explicó que en determinadas compras ella se encargaba de realizar el pedido o gestionar la operación, mientras que Bettina Angeletti efectuaba el pago.
Asimismo, se mencionó el caso de Luis Enrique Aluju, quien, según el escrito, utilizó una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni y luego canceló sus propios consumos. El descargo sostiene que esa operatoria incluyó compras de celulares, lavarropas, televisores y computadoras, pero que los gastos fueron finalmente abonados por el propio usuario de la extensión.
Sobre las obras realizadas en el Country Indio Cuá, se incorporó un informe técnico de parte que cuestiona distintos componentes de la documentación utilizada para reconstruir el costo de los trabajos. Entre otras observaciones, señala una diferencia de US$40.000 entre una planilla de gastos y el monto declarado por el contratista, además de inconsistencias en fechas, comprobantes y materiales, mientras que del departamento de la calle Miró, la defensa explicó también la diferencia entre las valuaciones declaradas por Adorni y su esposa. Según el escrito, la diferencia de $92.625.000 se vincula con una obligación asumida por Adorni de pagar US$62.500 por mejoras realizadas en el inmueble.
En paralelo, los abogados cuestionaron parte de la evidencia utilizada para vincular determinadas direcciones de criptoactivos con Adorni, puntualmente, la utilización de herramientas de análisis blockchain cuyos algoritmos, según plantean, no serían públicos ni replicables por peritos de parte. También señalaron que algunas de las direcciones analizadas por la SIFRAI no fueron atribuidas de manera directa a una persona.
