El juez Julián Ercolini ordenó archivar la acusación de abuso de autoridad presentada por la nueva defensa del empresario santacruceño contra el magistrado Néstor Costabel por presuntamente haberle impedido su ingreso al penal federal de Río Gallegos para constatar su estado de salud.
El juez federal Julián Ercolini ordenó archivar la denuncia de los nuevos abogados de Lázaro Báez por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra el Magistrado de Cámara, Néstor Costabel, titular del Tribunal Oral Federal Número 4 quien además tiene a su cargo la ejecución de la condena en la causa “Ruta del Dinero”.
Yanina y Lucas Nicoletti quienes desde hace pocos días asisten a Lázaro Báez luego que este desplazara a Juan Martín Villanueva, presentaron dos denuncias contra el magistrado Costabel argumentando que no les permitía el acceso a la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos, lugar donde hasta no mucho el empresario se encontraba alojado.
La controversia se generó cuando los abogados, Lucas Nicoletti y Florencia González, quienes son parte del mismo estudio jurídico, se presentaron personalmente en el penal de Río Gallegos durante el fin de semana del 12 de octubre para una entrevista con Lázaro Báez, a fin de hacerle seguimiento a su estado de salud. Según la versión de los letrados, en la unidad penitenciaria se les informó que no podían ingresar “por expresa instrucción del magistrado”.
De acuerdo al mismo relato, los abogados esperaron varias horas sin lograr hacer contacto con Báez, cosa que a su criterio “carece de todo fundamento legal y contraviene de manera directa las normas que garantizan el contacto entre las personas detenidas y su defensa técnica” cosa que vulnera sus garantías constitucionales, procesales y vulnera su derecho a la defensa por tratarse de “un acto manifiestamente arbitrario e incompatible con la función judicial”.
Sin embargo, y según pudo constatar MDZ a través de fuentes judiciales, los abogados que en ese momento buscaban ver personalmente a Lázaro no figuraban en los registros del tribunal como defensores designados por el empresario patagónico, más sí únicamente la Dra. Yanina Nicoletti. Pese a ello, lo anterior no impedía que los letrados pudieran entrevistarse con Báez en ese centro de detención, pero como visitantes regulares.
En el fallo al que tuvo acceso este medio, el juez Julián Ercolini hizo lugar al dictamen del fiscal Carlos Stornelli quien pidió desestimar la denuncia por entender que “los hechos denunciados no encuadran siquiera presuntivamente, tal como fueron relatados en la calificación referida”.
Por otra parte, el magistrado Ercolini aclaró que “el abuso de autoridad no es extralimitación funcional en sentido extensivo, sino que es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función; es cuando el funcionario emplea la autoridad recibida para violar la Constitución o las leyes”. Finalmente, la resolución destaca que actuaciones como las denunciadas se deben evaluar por la vía jurídica y no en el ámbito penal, porque forman parte del ejercicio jurisdiccional del juez.
En el edificio judicial de Retiro, históricos conocedores de los expedientes “Ruta del dinero”, “Vialidad” y otros vinculados a Báez, coincidieron que la nueva defensa buscó levantar alertas cuando a todas luces se cumplió con los requerimientos y seguimiento del estado de salud de Lázaro e incluso las encomiendas de instancias superiores, así como también los estudios requeridos por sus abogados anteriores, Elizabeth Gasaro y Juan Martín Villanueva.
Finalmente, los Dres. Yanina y Lucas Nicoletti apelaron el rechazo del magistrado federal Claudio Vázquez del recurso de habeas corpus, donde buscaban mejorar sus condiciones de detención a través del arresto domiciliario. Sin embargo, el juez rionegrino dispuso el cambio de alojamiento de Lázaro al complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza para garantizar el tratamiento de varias afecciones cardio pulmonares, traslado que se concretó durante el pasado fin de semana.
Lázaro Baéz purga una pena unificada de 15 años en los expedientes “Ruta del dinero” por lavado de activos y “vialidad” por administración fraudulenta. Su nueva defensa busca hacer caer la multa de 330 millones de dólares como parte de la pena accesoria por el delito de blanqueo agravado que sobre él pesa y también apuntan a que casación morigere la pena en la causa conocida como “el entrevero” donde fue condenado a 4 años y medio de prisión también por lavado por la compra de un lujoso campo ubicado en el balneario Uruguayo de Jose Ignacio.
