Es que, bajo una lluvia de cuestionamientos la investigación está envuelta en denuncias cruzadas contra el camino procesal que ha llevado adelante el fiscal a cargo de la causa, Hugo Costilla. –eldiariodecatamarca.com
La megacausa que durante años encabezó el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, y que se presentó como una investigación histórica contra una red de estafadores con vínculos estatales, comienza a desmoronarse bajo una lluvia de cuestionamientos. La investigación, conocida “Asociación ilícita”, hoy está envuelta en denuncias de graves irregularidades procesales que amenazan con socavar su credibilidad.
El fiscal Costilla había informado en su decreto de determinación del hecho que, desde 2017 y hasta el 22 de marzo de 2025, un grupo integrado por Mario Del Campo, su pareja la abogada Rocío Grisel Gordillo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Juan Pablo Collantes y otras personas aún no identificadas, habrían organizado una estructura delictiva con lazos de cooperación para cometer múltiples delitos. El epicentro de las actividades ilícitas habría estado en domicilios de Valle Viejo y de la ciudad Capital.
Las detenciones comenzaron el 23 de marzo pasado, involucrando a más de 20 personas, incluidos empleados del ARCAT, policías, y trabajadores del Poder Judicial, incluso del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, a cargo de la jueza María Virginia Cano.
Sin embargo, el proceso se ha empantanado a raíz de múltiples denuncias por parte de las defensas de los imputados. El abogado Pedro Vélez, defensor de Del Campo y Agulles, afirmó que Costilla tiene una "enemistad manifiesta" con su cliente y que la detención de Agulles se basó en hechos inexistentes, "Fue imputado arbitraria y fantasiosamente por el delito de asociación ilícita", aseguró.
También criticó duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal, acusándolo de torpeza y de no haber avanzado en la investigación a pesar de tener todas las herramientas a disposición. Según el letrado, su defendido colaboró activamente con la causa, y la detención de Agulles fue solicitada a pesar de pruebas en su favor que el fiscal ya conocía, “Esta causa es una farsa. Fue armada a medida del fiscal, que busca lavar su imagen ante la sociedad”, disparó.
Por su parte, el abogado de José Werfil Vega, Orlando del Señor Barrientos, también denunció graves irregularidades. Según explicó, su defendido fue imputado por asociación ilícita por firmar documentos en una escribanía de Valle Viejo cuando en realidad se encontraba detenido en el penal de Miraflores por otra causa, "Solicité una pericia caligráfica en marzo y nunca se hizo. Aún así, Vega fue llevado a control de detención y sigue preso", declaró.
Barrientos apuntó directamente contra Costilla por no haber requerido información al Servicio Penitenciario para constatar la situación de Vega.
Otro aspecto que genera controversia es la decisión de la Corte de Justicia de suspender sin goce de haberes o trasladar por 60 días a 12 funcionarios judiciales implicados en la causa de las usurpaciones. La medida, dispuesta el 24 de marzo, venció a fines de mayo y, ante la falta de avances en la investigación y de pruebas que justifiquen la continuidad de los sumarios, todos los funcionarios fueron reincorporados a sus puestos.
Para Costilla, Mario Del Campo era el “nexo coordinador jerárquico” de la banda, encargado de seleccionar a empleados estratégicos que facilitaran la concreción de los delitos. Del Campo supuestamente recibía información privilegiada de funcionarios judiciales.
Collantes, en tanto, prestaba su nombre como actor en ejecuciones judiciales a cambio de dinero. Rocío Gordillo, abogada y funcionaria de Fiscalía de Estado, patrocinaba la mayoría de las demandas y también participaba en la ejecución de títulos de crédito. Vega y Agulles también prestaban sus nombres en estas maniobras, según la acusación.
La situación del fiscal Hugo Costilla no es menos delicada. Actualmente enfrenta varios pedidos de jury por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.
Con la credibilidad de la causa en entredicho y un fiscal en el centro de una tormenta judicial y mediática, el futuro de la investigación es incierto.
