La decisión deja como acusadores a la fiscalía y a la Procuración de Investigaciones Administrativas en el debate iniciado el año pasado contra los exfuncionarios y empresarios por irregularidades en las obras licitadas en 2007.
Por mayoría, la Cámara Federal de Casación Penal apartó a la Unidad de Información Financiera de su rol de querellante en la causa que investiga las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA donde actualmente están sentados en el banquillo de los acusados por fraude al Estado el exministro de Planificación, Julio De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y una veintena de empresarios de la empresa estatal.
La Sala III del máximo tribunal penal del país hizo lugar al pedido de Carlos Humberto Ben, ex titular de AySA, quien invocó el decreto de Javier Milei dictado en abril del año pasado para vedar el rol del organismo.
Ben, quien en 2007 estaba al frente de la firma estatal cuando se firmaron los contratos por la planta potabilizadora Paraná de las Palmas en Tigre y la planta depuradora del Bicentenario en Berazategui, argumentó que el Decreto 274/2025 tenía efecto inmediato y que la UIF carecía de facultades para seguir actuando como querellante. Los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky le dieron la razón, mientras que Diego Barroetaveña votó en contra.
