En total ofrecen resarcir a la Obras Social con un poco mas de 15 millones. Una bicoca para el daño producido- eldiariodecatamarca.com
El caso de las “órdenes truchas” de OSEP entró en una etapa clave. Ocho médicos imputados por fraude en perjuicio de la administración pública y uso de instrumento privado adulterado ofrecieron un resarcimiento económico de $15.300.000 para evitar el juicio oral. Además, manifestaron su voluntad de cumplir con pautas de conducta y realizar trabajo comunitario en centros de salud públicos, como parte de un pedido de suspensión de juicio a prueba, conocido como probation.
Los médicos involucrados aseguran estar dispuestos a reparar el daño causado y colaborar con la salud pública desde su profesión. A través de sus abogados defensores, solicitaron al Tribunal que se contemple esta salida alternativa, ya que ninguno de los acusados posee antecedentes penales. La imputación prevé penas de uno a seis años, lo que abre la posibilidad de condenas en suspenso.
Según los defensores, el ofrecimiento económico permite a OSEP recuperar el dinero con valores actualizados a la cotización actual del dólar. El monto global supera los 15 millones de pesos y sería destinado a la Obra Social de los Empleados Públicos, aunque no está definido aún cuál será su destino específico.
Estos son los médicos involucrados y los ofrecimientos individuales:
• Marcelo González: habría cobrado $10.000; ofrece $3.000.000
• Bruno Ariel Robledo: habría cobrado $12.000; ofrece $2.300.000
• Alejandro Codigoni: habría cobrado $10.000; ofrece $2.100.000
• Marcelo Eduardo Ubaid: habría cobrado $5.000; ofrece $1.000.000
• Nelson Walter Silva: habría cobrado $7.900; ofrece $1.500.000
• Juan León Córdoba Bustos: habría cobrado $10.200; ofrece $2.000.000
• Hugo Pacheco: habría cobrado $7.000; ofrece $1.300.000
• Lilian Pennise: habría cobrado $10.000; ofrece $2.100.000
En audiencia, los abogados defensores señalaron que la responsabilidad en el circuito de órdenes truchas no recayó exclusivamente en los médicos. Según sus planteos, existió colaboración de personas del Círculo Médico y de OSEP, pero hasta el momento no fueron identificadas ni procesadas.
Otro de los argumentos es que, a valores de 2013, el perjuicio económico representaba apenas el 0,9% del presupuesto de OSEP, por lo que consideran desproporcionado el proceso penal.
La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, integrada por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo, deberá resolver si acepta o no el pedido de probation. El Ministerio Público Fiscal, representado por Augusto Barros, sostiene la acusación y defiende la continuidad del juicio, respaldando la investigación que determinó la existencia de la maniobra fraudulenta.
Por su parte, OSEP no se presentó como querellante, pese al perjuicio económico que sufrió.
