Además de universitarios, participaron legisladores del oficialismo provincial, gremialistas y buena parte de la sociedad. Notable ausencia de legisladores de la Libertad Avanza- eldiariodecatamarca.com-La Isla FM
En el cierre de la quinta Marcha Federal Universitaria, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Oscar Arellano, leyó el documento elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Durante la marcha se pudo ver a integrantes de gremios docentes y no-docentes, a la Federación Universitaria de Catamarca (FUCA), estudiantes y autoridades del ejecutivo y legisladores del oficialismo, no así a legisladores provinciales de la oposición.
Documento:
V Marcha federal universitaria: por la educación, la soberanía y la democracia
La V Marcha federal universitaria se convoca con tres grandes consignas que leen la problemática universitaria en el contexto de la cruda realidad de nuestro país y de los sueños colectivos que construyeron la universidad pública argentina que reivindicamos y que cotidianamente construimos.
Esta nueva Marcha federal universitaria es la manifestación de la voluntad de la comunidad universitaria, pero también de la ciudadanía toda, de hacer cumplir el principal instrumento para su sostenimiento: la Ley de Financiamiento Universitario. El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas).
El incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del congreso de la nación.
Por ello, convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia: la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario.
El Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país.
La universidad pública emerge con los proyectos de nación y de las provincias. Su consolidación y su presente forman parte del debate sobre el futuro de nuestro país, de sus condiciones de posibilidad.
Los grandes hitos que conforman el modelo universitario argentino hacen al armado de nuestra nación y a la infraestructura del conocimiento que el país necesita.
• de la formación de las elites a la formación de las clases medias y populares,
• la autonomía y el cogobierno,
• la gratuidad,
• el ingreso irrestricto,
• la territorialidad inclusiva
• la extensión como horizonte de articulación con los problemas sociales y productivos nacionales y provinciales y
• su conformación como espacios de trabajo con derechos
La ciencia y la tecnología son parte sustantiva de la universidad pública argentina y contribuyen de manera fundamental a la soberanía del conocimiento y de la soberanía tecnológica. El histórico desarrollo territorial del sistema universitario y científico-tecnológico es un indicador de su importancia para el desarrollo integral de las regiones de nuestro país.
Hacer ciencia es producir conocimiento, innovación y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir.
Es obligación del Estado garantizar los derechos a:
• a la educación y la producción científica y tecnológica
• la salud
• el trabajo digno
• la cultura
• el sostenimiento de una industria nacional, y
• la protección de los recursos naturales
En definitiva, a proteger la vida de la ciudadanía argentina y a plantear políticas públicas que atiendan la problemática del endeudamiento que las familias han contraído.
Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad Argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela públicas.
La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios, y sobre todo si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la Ley.
El severo deterioro del sistema de bienestar estudiantil impacta de lleno en el corazón de la universidad pública. Las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios. Sin un sistema de ayudas económicas actualizado y transparente, el acceso a la educación superior se convierte en un privilegio inaccesible para los sectores más vulnerables y para quienes trabajan y estudian.
Esta realidad se evidencia con claridad en la pérdida del poder adquisitivo de programas fundamentales como las Becas Progresar, cuyos montos se mantienen congelados en $35.000 desde el año 2024, una cifra que resulta insuficiente para cubrir costos elementales como el transporte urbano o los materiales de estudio. A esta depreciación se suma una creciente exigencia de requisitos administrativos de difícil cumplimiento, junto con la falta de claridad y transparencia en las convocatorias y procesos de adjudicación.
A este preocupante escenario se añaden la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el virtual congelamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC-CIN), lo que lesiona gravemente el primer eslabón en la formación de las futuras generaciones de investigadoras e investigadores. Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos.
La decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y nodocentes.
Esta definición política, a lo largo de estos casi tres años, produjo un persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios, una alarmante precarización de las condiciones de vida de docentes y nodocentes y pone en riesgo las vocaciones académicas, los saberes acumulados y capacidades técnicas y estratégicas. Esto compromete el principal sostén de nuestras instituciones que llevó décadas de esfuerzo construir al que un país soberano no debería renunciar.
El gobierno nacional no sólo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario, también desconoce la institucionalidad de las paritarias, la institución que regula al mundo del trabajo en nuestro país. Hay grandes temas que deben discutirse y resolverse: la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y nodocentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables.
Trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales, como toda la clase trabajadora, atravesamos un momento crítico en materia de salud y del sistema jubilatorio. No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna.
Las universidades públicas argentinas atraviesan una situación presupuestaria crítica. Cuando el financiamiento universitario se deteriora, las consecuencias no se limitan a las aulas, los talleres o los laboratorios de enseñanza: se resienten de manera directa los proyectos de investigación científica, las actividades de extensión en los territorios, la vinculación tecnológica con el medio socioproductivo, la adquisición y actualización del equipamiento y, fundamentalmente, las posibilidades reales de garantizar que miles de estudiantes cumplan el sueño de recibirse, de lograr el título universitario.
