Desde ATE expresaron que el municipio no cumplió la promesa de llamar al diálogo paritario durante el mes de agosto.- eldiariodecatamsarca.com
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Fray Mamerto Esquiú se declaró en estado de alerta tras el vencimiento del plazo acordado con el Ejecutivo municipal para reanudar las paritarias. Según expresaron desde la seccional sindical, la gestión encabezada por la intendenta Alejandra Benavídez mantiene un silencio absoluto respecto al petitorio salarial y laboral presentado a principios de julio.
El conflicto se remonta al pasado 10 de abril de 2026, fecha en la que el gremio y las autoridades municipales firmaron un acta de acuerdo salarial en la sede del municipio de San José de Piedra Blanca. El compromiso estableció un incremento del 10% para abril y un 5% para junio, dejando asentada una cláusula en la que ambas partes se comprometían a reanudar la negociación paritaria en el transcurso del mes de agosto.
Al llegar al 31 de agosto sin recibir ninguna convocatoria ni oferta salarial, los representantes de ATE manifestaron su descontento públicamente. Señalaron que el 8 de julio habían presentado formalmente un petitorio aprobado por unanimidad por los trabajadores, el cual incluye ocho puntos considerados prioritarios para el sector.
Entre los principales reclamos elevados al Ejecutivo se destacan: la solicitud de un incremento salarial inmediato del 30%, el pase al sueldo básico de los ítems correspondientes a los años 2024 y 2025, una actualización del 100% en los adicionales y un incremento del 200% en el concepto de salario familiar.
Asimismo, el pliego incluye la entrega de un bono de 100.000 pesos por el Día del Empleado Municipal, la provisión urgente de indumentaria y elementos de seguridad, el reconocimiento de ítems por tareas insalubres para el personal de maestranza y la creación de un adicional por responsabilidad profesional para las trabajadoras sociales.
En su declaración pública, el gremio contrapuso la situación económica de la familia municipal con los ingresos del gabinete.
Denunciaron que mientras los haberes de la mayoría de los trabajadores no alcanzan a cubrir la canasta básica, los sueldos brutos de los funcionarios ejecutivos resultan desproporcionados, llegando a valores cercanos a los 4 millones de pesos en el caso de la intendenta y de 3 millones, para los secretarios.
Ante este panorama, la conducción sindical dio por concluida la etapa de espera y exigió la convocatoria urgente a la mesa de negociación, advirtiendo que, de continuar la falta de respuestas, se podrían resolver medidas de fuerza en las distintas dependencias municipales del departamento.
