El oficialismo tiene dictamen para ambos proyectos y apunta a la sesión del jueves 12, aunque podría moverse al 18 si el Presupuesto 2027 se posterga al 25. Los feriados por la visita del Papa acortan la semana.
Luego de obtener -a fuerza de concesiones- trabajosos dictámenes de los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el oficialismo ya tiene listo el menú para la próxima sesión en la Cámara de Diputados, que se celebrará con anterioridad a la prevista para la votación del proyecto de Presupuesto 2027.
A priori, la fecha marcada en el calendario por los principales alfiles de La Libertad Avanza es el jueves 12 de noviembre, pero con flexibilidad para moverse al miércoles 18 de noviembre en el hipotético caso de que la sesión por el Presupuesto se postergue al miércoles 25.
El problema que existe en torno a la primera fecha es que se daría en medio de una semana acortada por los feriados atinentes a la visita del Papa León XIV a la Argentina: el lunes 9 es feriado nacional, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.
Proyecto de Malvinas
La vedette de la sesión será el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que aborda la cuestión Malvinas pero también trae un conjunto de disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional.
El principio rector de la iniciativa, resistida por la oposición dura, es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida “amenaza externa”.
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un “caballo de troya” que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
El proceso de construcción del dictamen de mayoría no estuvo exento de dificultades y hasta el día previo a la reunión resolutiva del plenario de comisiones se dudaba seriamente si el oficialismo iba a poder cerrar el acuerdo con las fuerzas aliadas.
La Libertad Avanza también tuvo que ceder a la presión de Estados Unidos: el subsecretario del Tesoro de ese país le transmitió personalmente al presidente Javier Milei la preocupación de la administración de Donald Trump sobre el impacto negativo que podría tener el régimen sancionatorio sobre los intereses económicos norteamericanos.
Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (lo dispuesto en el texto original) a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del directorio del Banco Central con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y gobernadores.
Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores, y Economía, titular de la SIDE y secretario de Legal y Técnica.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, y la autorización para que Fuerzas Armadas puedan participar en “operaciones no convencionales” son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que éstas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Por otra parte, se modificó el artículo 111, que es aquel que fija penas por “campañas de injerencia extrajera” dirigidas a “alterar procesos electorales”, “manipular la opinión pública” mediante “campañas de desinformación masiva”, por revelar secretos de Estado a otros Estados y por contribuir con actos de sabotaje al orden público.
Este cambio obedeció al enorme revuelo y malestar por los riesgos que podía representar para el ejercicio libre de la actividad periodística.
El Gobierno contra argumentaba que el verdadero propósito de ese artículo era frenar la guerra informática de potencias extranjeras y no la labor periodística individual.
Sin embargo, entidades periodísticas como FOPEA elevaron la voz y señalaron que la norma otorgaba discrecionalidad al Ejecutivo, fomentando la autocensura y la persecución de la crítica legítima.
Finalmente, el oficialismo le encontró la vuelta precisando la definición de “campañas de injerencia extranjera” y excluyendo expresamente a las actividades diplomáticas, las opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica y la gestión regulada de intereses.
Otro punto clave de la reforma es que le da rango legal el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente son “motivos razonables para sospechar”.
Para la oposición, los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa” aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Reforma del Banco Central
El otro tema que pide pista en Diputados para la próxima sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Al oficialismo no le dio la nafta para poder firmar en comisiones un dictamen insistiendo con la redacción original, que establecía una suerte de cerrojo institucional para que en un futuro no viniera una administración de otro signo político y pueda remover directores con facilidad y volver a “prender la maquinita” de la emisión “inflacionaria”.
Aquella media sanción establecía el requisito de una mayoría de las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras para poder remover directores del Banco Central.
El Senado corrigió ese mecanismo y lo reemplazó por una mayoría absoluta únicamente del pleno de la Cámara alta para poder sacar integrantes del directorio.
Después de amagar con volver al proyecto original, el oficialismo en Diputados tuvo que aceptar a regañadientes los cambios aplicados en el Senado, que le quita a Diputados voz y voto en la designación y remoción de funcionarios del Banco Central.
Al margen de los cambios en el mecanismo de integración del directorio y de las mayorías necesarias para incorporar o remover a sus miembros, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica busca consolidar como principio rector la idea de “emisión cero”.
Para el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede “volver a prender la maquinita” y generar inflación.
De esta manera, la iniciativa elimina la multiplicidad de propósitos que estaba presente en la ley 26.739 de 2012, sancionada a instancias del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para pasar a un modelo de mandato único: la preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.
A través del proyecto, quedan prohibidos los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.
La idea de Milei es blindar la entidad y ponerla a salvo de eventuales distorsiones en caso de que cambie el signo político del Gobierno.
Según el Gobierno, no alcanza con sanear el balance del Banco Central en la actualidad si una gestión futura puede “volver a prender la maquinita” y generar inflación.
