La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y dispuso que declaren, entre otros, Eduardo y “Chiche” Duhalde, Horacio Verbitsky, Jorge Taiana, Eduardo Valdés y otras 29 personas.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y citó a declaración indagatoria a 34 personas que, según la investigación, recibieron vacunas contra el Covid-19 por fuera de los criterios de prioridad establecidos durante la pandemia.
Entre los convocados se encuentran el expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el excanciller Jorge Taiana; el diputado Eduardo Valdés; el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Burgos; el empresario Florencio Aldrey y el dirigente kirchnerista Jorge “Topo” Devoto, entre otros. Las audiencias fueron programadas entre el 2 de octubre y el 9 de diciembre.
El nuevo capítulo de la investigación que comenzó en febrero de 2021 y que, cinco años después del escándalo, pone el foco ya no solo en los funcionarios que permitieron el acceso irregular a las vacunas, sino también en quienes pusieron el brazo y recibieron las dosis.
De acuerdo con el dictamen de Taiano, al aceptar las vacunas pese a no integrar los grupos prioritarios, “habrían contribuido de manera sustancial a la maniobra y podrían responder como partícipes necesarios del delito de peculado”.
La investigación del fiscal identificó tres episodios principales. Uno de ellos ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas al Ministerio de Salud. Allí, en la antesala del despacho que ocupaba el entonces ministro Ginés González García, funcionó un vacunatorio improvisado.
En ese lugar fueron vacunados, entre otros, Verbitsky, Taiana, Valdés, Aldrey y familiares, además de otros allegados a funcionarios y dirigentes políticos. Según la investigación, nueve de las diez personas fueron registradas en el sistema oficial NOMIVAC como “personal estratégico”, una categoría que no les correspondía.
Otro de los hechos investigados tuvo como protagonista a Eduardo Duhalde. El 1 de febrero de 2021, cinco dosis fueron trasladadas hasta su domicilio en Lomas de Zamora. Allí fueron vacunados el expresidente, su esposa, sus hijas y su secretario privado.
Para Taiano, ese procedimiento tampoco se ajustó a las reglas vigentes. La vacunación a domicilio estaba prevista para personas que no podían trasladarse y, según el fiscal, no existían constancias de que Duhalde tuviera un impedimento físico. También sostuvo que la condición de expresidente no implicaba un régimen sanitario privilegiado.
El tercer episodio se vincula con la aplicación irregular de 36 dosis en el Hospital Posadas entre fines de diciembre de 2020 y febrero de 2021. Allí, siempre en el marco de la acusación, varias personas fueron seleccionadas por vínculos personales, familiares o políticos y algunas fueron registradas como personal de salud pese a no pertenecer a ese grupo.
La situación adquiere particular relevancia porque, de acuerdo con testimonios incorporados al expediente, para ese momento todavía había trabajadores del propio Hospital Posadas que no habían recibido la primera dosis de la vacuna.
La causa tuvo su origen en la revelación pública de Verbitsky, quien contó en una entrevista radial que había recibido la vacuna luego de comunicarse con González García. El escándalo provocó la renuncia del ministro de Salud y abrió una investigación judicial sobre el funcionamiento del sistema de vacunación durante la pandemia.
En un primer momento, Capuchetti había archivado parcialmente la investigación respecto de quienes habían recibido las vacunas al considerar que no habían cometido un delito. Sin embargo, esa decisión fue revisada por la Cámara Federal porteña, que ordenó profundizar la pesquisa y determinar por qué esas personas habían podido acceder a las dosis cuando millones de ciudadanos debían esperar su turno.
Los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico pusieron entonces el foco en la eventual responsabilidad de quienes aceptaron las vacunas. La decisión modificó el alcance de la causa y abrió la segunda parte del expediente, centrada en los beneficiarios.
Mientras tanto, el primer tramo de la investigación, referido a los funcionarios que habrían permitido el desvío de las vacunas, se encuentra a la espera de que se fije fecha a juicio oral. Allí están acusados por abuso de autoridad y peculado Marcelo Ariel Guille, exsecretario de González García; Alejandro Salvador Costa, exsubsecretario de Estrategias Sanitarias, y Alejandro Alberto Maceira, exdirector ejecutivo del Hospital Posadas.
González García también había sido procesado por esos delitos, pero murió en octubre de 2024, por lo que la acción penal en su contra quedó extinta.
