María Fernanda Rosales Andreotti, analizó los ejes centrales del nuevo Código Procesal Penal, el uso de la inteligencia artificial, el régimen penal juvenil y la necesidad de repensar el diálogo social ante problemáticas complejas.- eldiariodecatamarca.com – laislafm.com.ar
Rosales Andreotti: “Un sistema que sea acusatorio, adversarial, donde el juez tenga el trabajo de juez”
La Comisión Redactora para la Reforma del Código Procesal Penal de Catamarca mantuvo reuniones en las últimas horas para avanzar en la letra definitiva del proyecto y su posterior tratamiento legislativo. En diálogo con el Periodista José Alsina Alcobert, para el programa “La Mañana en La Isla” a través de La Isla FM 107.9 y eldiariodecatamarca.com, la ministra de la Corte de Justicia provincial, María Fernanda Rosales Andreotti, manifestó las expectativas del máximo tribunal en torno a los tiempos parlamentarios: "Esperamos, realmente tenemos mucha expectativa de que se pueda empezar a tratar en este periodo ordinario. Sabemos que queda muy poco tiempo, pero por lo menos que comience el tratamiento de este código para poder continuar durante el año que viene".
La magistrada recordó que tras la implementación de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial (el 3 de noviembre) y el Código Procesal de Familia (previsto para el 1 de marzo de 2027), esta iniciativa representa el paso definitivo para completar la modernización judicial. "Por lo tanto, esta reforma viene a completar las reformas necesarias para poder mejorar la performance del Poder Judicial, tanto en términos de tiempos, de mejora de tiempos, como también de mejora de calidad en los procesos y en las decisiones", sostuvo, y añadió que se trata de "un proyecto que entiende que viene a modernizar el sistema judicial de Catamarca y hacer pie porque no en todas las provincias se ha venido trabajando sobre esto".
Explicando los cambios de paradigma que trae aparejada la norma, Rosales Andreotti detalló los alcances del sistema acusatorio adversarial: "El sistema acusatorio adversarial, que es el que plantea este código, tiene que ver con la oralidad plena en el proceso penal, en todas las instancias del proceso penal, un sistema de organización de las estructuras judiciales distinto, que esto es muy importante porque es lo que se pidió en el Código Procesal Civil y Comercial y en el de familia".
En esa línea, advirtió sobre la necesidad de modificar el funcionamiento operativo del sistema: "Si nosotros seguimos modificando leyes y no modificamos las estructuras, la forma de funcionamiento del poder judicial, difícilmente la sociedad pueda ver una mejora concreta y tangible en los hechos".
Sobre el rol del juez bajo este nuevo esquema, explicó: "Entonces, es necesario que vayamos hacia un sistema que sea acusatorio, adversarial, donde el juez tenga el trabajo de juez, esto es de estar en las audiencias y tomar las decisiones, y que las cuestiones organizativas y administrativas estén a cargo de otras instancias para que los funcionarios y magistrados judiciales puedan dedicarse a su función concreta". Esto, según indicó, no solo agiliza las causas, sino que garantiza "una mayor transparencia y más agilidad porque el juez al tener que estar presente en todas las instancias y orales del proceso implica una relación directa con las partes, un contacto directo con la prueba, como sucede en el caso del juicio por jurado".
Consultada sobre el reclamo social respecto a la benignidad de las penalidades para ciertos delitos, la ministra aclaró las competencias institucionales: "Primero que es un tema que está relacionado con una facultad que es del Congreso Nacional, que es de dictar el Código Penal. Por lo tanto, las penas las establece el Congreso de la Nación".
No obstante, analizó la evolución histórica del cuerpo normativo nacional: "El Código Penal es un código muy viejo que ha sufrido innumerable cantidad de modificaciones. Y digo y digo sufrido porque en realidad la sufrió", graficó, explicando que "cuando uno hace modificaciones aisladas respecto de delitos aislados por alguna cuestión coyuntural o particular del momento, lo que sucede es que ese sistema que debería ser un código deja de serlo y comienza a tener parches que a la vez en realidad no nos dejan claridad sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos con mayor intensidad".
Para la funcionaria, la discusión legislativa debe ser integral: "A través del Código Penal, cuando se establecen las penas y los delitos, lo que hace una sociedad a través del Congreso es determinar cuáles son los bienes jurídicos más valiosos. ¿Cómo? A través de las penas que pone en relación a los delitos que se comete. Bueno, esa valoración tiene que ser sistémica porque si no terminamos con cuestiones de falta de congruencia". En este sentido, consideró "muy necesario una reforma del Código Penal que sea, yo no diría una reforma porque reforma hemos tenido muchas, sino el dictado de un nuevo código penal que contemple un sistema de delitos y de penas que sean acordes y que sean sistémicos".
Asimismo, invitó a repensar el fin último del sistema punitivo: "Y tampoco y también tenemos que discutir otras cosas y es, si el agravamiento de las penas ha llevado a una disminución del delito, si no tenemos que pensar en realidad también, además de en los delitos y las penas, en qué pasa en las cárceles, en qué pasa en la ejecución de la pena, en si de verdad estamos frente a una visión resociabilizadora como es la que plantea la Constitución de la Nación, o si en realidad estamos frente a penas que implican castigos sin resociabilización con personas que salen en igual o en peores condiciones de las que entraron".
Respecto a la punibilidad de los adolescentes y los recursos provinciales para su contención, Rosales Andreotti reflexionó sobre la función última del derecho penal: "En realidad el derecho penal es la última instancia del Estado respecto de lo que sucede frente a distintos tipos de problemáticas. Entonces, en este sentido, tanto en relación a los adolescentes como en relación a los mayores, hay otras cuestiones que como sociedad deberíamos preguntarnos en por qué la incidencia de algún tipo de delitos es mayor en nuestra provincia que en otras provincias, o por qué en nuestro país existe esto, qué medidas de prevención podemos tomar, cómo hacemos que no llegue al derecho penal esa persona". Y sentenció: "Cuando esa persona llega al poder judicial, ya es porque han fracasado todas las otras instancias anteriores y por ende ya lo único que queda es la pena, digamos, el delito, la pena, la consecuencia normal del delito que es la pena".
Sobre el reacondicionamiento de los espacios físicos para menores, señaló: "Y la verdad es que además del lugar físico, que por supuesto que es muy importante... no es lo mismo estar en el servicio en el ámbito del servicio penitenciario, con los mayores que estar en un ámbito en el que ese encierro de alguna manera tiene que ser de otra naturaleza". Para lograr la resocialización, remarcó que "se necesitan cuerpos interdisciplinarios, se necesita que las personas que estén allí para cuidar y resguardar a los adolescentes sean personas que estén capacitadas", e indicó que la nueva ley prevé la figura de supervisores: "El sistema penal juvenil de la nueva ley prevé la existencia de supervisores, que son quienes deben acompañar y estar al lado del adolescente que comete un delito para el cumplimiento de esa pena, ya sea privativa de la libertad o no. Y eso es muy importante también preverlo", analizó.
En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, la ministra destacó que el código civil catamarqueño ya introdujo regulaciones pioneras sobre inteligencia artificial, un criterio que se replica en el fuero penal. Ante los riesgos globales advertidos en la materia, fue tajante: "Por esa razón está absolutamente prohibida en términos de toma de decisiones. Las decisiones son de los funcionarios, de quien tiene la firma y así debe ser".
A su vez, advirtió sobre la confidencialidad de la información: "Y por otra parte, hay otra cuestión que es muy delicada, que es los datos o la información que se sube a esas inteligencias artificiales, porque la información en los poderes judiciales de las causas que se tramitan son, y tienen que ser estrictamente guardadas y respetadas la intimidad de las personas y también la información, que puede ser accesible en una base de datos y la que no puede serlo", advirtió.
Frente a la repercusión de casos de acoso escolar y hostigamiento digital, la magistrada evitó pronunciarse sobre expedientes particulares, pero analizó la problemática de fondo: "Yo creo que cuando este tipo de casos y los casos de bullying, o los casos de este tema que está tan, y sobre el que se ha advertido tanto, con y por suerte con esto de la del régimen penal juvenil nuevo, de comenzar a hablar con los adolescentes sobre cuáles son las consecuencias que tienen las redes sociales, en términos de compartir imágenes, compartir videos, compartir incluso la propia las propias experiencias... la llegada de nuevo al poder judicial es la última instancia, es cuando hemos fracasado todos como sociedad, como comunidad educativa, como familia, como comunidad deportiva".
Explicó además que, si bien el bullying como término general no constituye un delito autónomo, sus componentes sí pueden serlo: "Si por ejemplo se producen lesiones, si por ejemplo se producen alguno de los distintos tipos de violencia que establece la ley de violencia de género, digamos que hay otras figuras jurídicas que pueden entrar dentro de eso que llamamos genéricamente bullying y que a veces está constituido por conductas que en sí mismas pueden ser delito".
En relación al impacto del proceso penal en los jóvenes, alertó: "Siempre en estos casos las medidas alternativas son importantes de contemplar porque el daño, que paso por un proceso penal, genera no solo en el adolescente, en términos de su presente y de su futuro, porque el hecho de tener este tipo de antecedentes no es algo que sea gratuito en términos sociales". Y profundizó sobre el rol de la viralización: "Hoy una conducta como nuestra llega a tener alcance internacional, tal como usted lo ha mencionado en este caso, y la opinión de todas las personas que bueno, a través de las redes sociales se toman la atribución de a veces de manera muy violenta opinar sobre cuestiones que no conocen", resaltó.
Para cerrar, Rosales Andreotti reflexionó sobre la necesidad de recomponer los vínculos sociales y la escucha intergeneracional: "Creo que muchas cosas como sociedad tenemos que replantearlo. Son tiempos muy difíciles. Las redes sociales hacen que esta instantaneidad de las comunicaciones, de la información y de la información falsa que circula también haga que todo el diálogo, la conversación pública sea muy difícil, sea basada en agresiones y descalificaciones y no tanto en los argumentos".
Finalmente, concluyó con una autocrítica sobre el lenguaje institucional y adulto: "Y, por otra parte, me parece que básicamente y muy básicamente no nos escuchamos. No nos escuchamos, no escuchamos a nuestros adolescentes... A veces no entendemos lo que nos están planteando los mensajes que nos dan, y nos confundimos y desde nuestra perspectiva de adultos intentamos dar una respuesta, que muchas veces lo que hace es como mínimo no cambiar nada para la vida de los adolescentes que no nos entiendan lo que estamos diciendo", advirtió.
