El presidente de Estados Unidos Donald Trump apeló a una ley de 1974 para reinstalar un arancel general del 10% tras el fallo adverso de la Corte Suprema.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que impone un arancel general del 10% a las importaciones provenientes de todos los países, en una decisión que busca sortear el reciente revés judicial propinado por la Corte Suprema de Estados Unidos a su política comercial.
La resolución del máximo tribunal, adoptada por seis votos contra tres, declaró que la normativa de poderes económicos de emergencia utilizada por la Casa Blanca no habilita al mandatario a fijar tarifas globales de manera unilateral. El fallo dejó sin efecto la tarifa base del 10% y los llamados aranceles “recíprocos” que habían sido aplicados a diversos socios comerciales, así como recargos adicionales del 25% a México y Canadá y aumentos de hasta el 50% a Brasil e India.
Frente a este escenario, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza al presidente a establecer gravámenes de hasta el 15% por un período máximo de 150 días cuando existan desequilibrios graves en la balanza de pagos. Desde la Casa Blanca indicaron que el nuevo esquema entrará en vigor de manera casi inmediata, aunque no se detalló qué mecanismo se utilizará para extenderlo más allá del plazo previsto por la ley.
La decisión de Donald Trump
Según el Ejecutivo norteamericano, la medida contempla excepciones para productos considerados estratégicos o esenciales con el objetivo de amortiguar el impacto interno. Quedarán excluidos minerales críticos, determinados bienes energéticos, metales utilizados en acuñación de moneda y varios productos agrícolas y ganaderos que ya habían sido exceptuados en esquemas anteriores. También permanecerán libres de arancel libros, donaciones y equipaje acompañado, así como bienes amparados por acuerdos comerciales específicos.
La administración republicana sostuvo que la iniciativa apunta a reequilibrar las relaciones comerciales y fomentar la relocalización de la producción en territorio estadounidense. En ese sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estimó que el nuevo instrumento permitirá mantener niveles de recaudación similares a los proyectados para 2026 bajo el esquema anterior.
Reacciones en el mundo
En el plano internacional, la reacción fue dispar. Canadá calificó la decisión como “injustificada” y anticipó tensiones en el vínculo bilateral, mientras que la Unión Europea y el Reino Unido señalaron que evaluarán el alcance del fallo judicial y del nuevo arancel. Corea del Sur, por su parte, aseguró que el acuerdo comercial alcanzado con Washington en noviembre pasado se mantiene vigente, aunque reconoció un aumento de la incertidumbre para sus exportaciones.
En Asia, Hong Kong consideró que el impacto será limitado debido al peso predominante del sector servicios en su economía, mientras que Italia convocó a una reunión con representantes empresariales para analizar las consecuencias de la medida y coordinar una respuesta en el marco europeo.
A nivel interno, organizaciones empresariales valoraron el fallo del Supremo por aportar mayor previsibilidad jurídica, aunque advirtieron sobre la necesidad de claridad respecto de eventuales devoluciones de aranceles ya cobrados. Referentes demócratas, en tanto, cuestionaron la estrategia del Ejecutivo y reclamaron un mecanismo transparente para compensar a empresas y consumidores en caso de que se determinen cobros indebidos.
Mientras tanto, la Casa Blanca aún no difundió el texto completo de la orden ejecutiva ni precisó cómo se instrumentarán los controles y eventuales prórrogas del nuevo arancel.
