Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos ocurridos durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
El Gobierno nacional endureció su postura frente a los incidentes registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso de la Nación y confirmó que avanzará con una denuncia por terrorismo contra los manifestantes que protagonizaron los hechos de violencia.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los episodios ocurridos excedieron el marco de una protesta tradicional y constituyeron una acción planificada con fines desestabilizadores. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó la funcionaria.
Se aplicará la Ley: terrorismo
Según Monteoliva, el objetivo de los disturbios no fue únicamente atacar a las fuerzas de seguridad. “No fue solo una agresión a la policía. Fue un acto de terrorismo”, subrayó, al justificar el cambio de enfoque penal que impulsará el Ejecutivo.
La ministra adelantó que el Gobierno consolidará la información recolectada para presentar una denuncia federal, invocando la figura de terrorismo prevista en la legislación argentina. “Una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y está pensada para generar muerte y caos”, remarcó.
La calificación de terrorismo implica un endurecimiento significativo del encuadre judicial, con penas agravadas, investigación en el fuero federal y restricciones más severas a la excarcelación, lo que marca un quiebre respecto de la tipificación habitual de este tipo de hechos como daños o atentados contra la autoridad.
Avanza la identificación de los responsables
Monteoliva confirmó que las fuerzas de seguridad avanzan en la identificación de los implicados en los disturbios. “Ya tenemos más de diecisiete personas identificadas y seguimos trabajando”, indicó. La causa es tramitada por la Unidad de Flagrancia Este, con intervención de la fiscal Malena Mercuriali.
El proceso incluye el análisis de imágenes captadas por cámaras de las fuerzas federales, dispositivos de la Ciudad y registros de medios de comunicación. Entre las herramientas utilizadas se encuentran sistemas de reconocimiento facial y bases de datos biométricas para cotejar antecedentes.
Respecto de los perfiles, la ministra detalló que los identificados presentan edades diversas, desde jóvenes de 20 años hasta personas mayores de 60, en su mayoría provenientes de la provincia de Buenos Aires, aunque también se detectaron implicados de la Ciudad, Tucumán y Salta. Si bien no todos cuentan con antecedentes penales, algunos registran un historial delictivo extenso.
Monteoliva también señaló la posible vinculación de algunos de los involucrados con barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas, aunque aclaró que esa hipótesis forma parte de la investigación en curso.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar una señal de tolerancia cero frente a la violencia política, en un contexto de alta tensión social y legislativa marcado por el avance de la reforma laboral en el Congreso.
