Tras conocerse la entrega de un gran número de títulos apócrifos, desde el gremio advirtieron de un “efecto cascada” y la falta de controles y demora judicial para avanzar con imputaciones. - eldiariodecatamarca.com
En diálogo con el Periodista José Alsina Alcobért, durante el programa “La Mañana en La Isla” a través de La Isla FM 107.9, el secretario general de SIDCa, Sergio Guillamondegui hizo referencia a las irregularidades detectados en la institución escolar en donde se habría descubierto la entrega de títulos apócrifos, dicha entrega dataría del año 2018 y ante esta situación, el sindicalista manifestó “nosotros estamos trabajando para constituirnos en querellantes, esto es un quilombo institucional Acá las responsabilidades van a ir desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. No solo es la responsabilidad de quienes tuvieron los controles por acción u omisión, sino también de los que comercializaban y compraban de manera dolosa a sabiendas de que no era un título auténtico”, sostuvo
Acerca de las responsabilidades penales que le comprenden a aquellas personas que adquirieron de manera irregular estos títulos, el sindicalista señaló “esto es usurpación, el que compró tiene usurpación de títulos, tiene administración fraudulenta porque se inscribió en la junta, defraudación agravada al Estado, un combo de delitos, y lo más grave, es que algunos siguen siendo alumnos de la Clara J. Armstrong, no han sido expulsados, ni han sido exonerados. Yo no sé dónde está la dirección de nivel que no cruzó los datos. Hay gente que tenía un título, ejemplo, maestro inicial y se compra uno de geografía y estaba estudiando otra carrera, es una situación delicada. Tienen que investigar. Recién ayer se hicieron cargo los nuevos normalizadores, tendrán que ponerse a investigar qué fue lo que pasó”
Sobre el accionar de la Justicia, Guillamondegui manifestó “todavía la fiscalía no hizo allanamientos, no tomó testimoniales a los demás empleados no fueron sindicados para ver si hay alguna participación. Usted tiene tres empleados administrativos, tiene la rectora y tiene una empleada que tenía horas institucionales, que ya no las tiene más y que no está trabajando en el sistema y de ahí tiene, por omisión, quien se encargaba del registro de título, también queda involucrado en la maniobra, si bien no dolosamente, porque le mandaban todo por correos oficiales, pero no fue al instituto a hacer el control si el libro matriz era el correcto”.
“Queremos llegar a la verdad real, presenten lo que está porque era una denuncia precaria la del 9 de abril y faltaba darle más elementos al fiscal, porque el fiscal que tiene que intervenir es Barros Jorrát, porque es un delito contra la administración y le dieron un tinte como que robaron una clave y eso es delito digital y en realidad estaban confundidos hasta la misma justicia con la premura que tiene que actuar”.
Sobre si esta situación de entrega de títulos truchos afectaba de manera directa al gremio y lo convertía en una víctima, el sindicalista dijo “Nosotros no somos una víctima directa. Si hay antecedentes jurisprudenciales que dicen que puedo llegar a ser víctima indirecta porque alteraron los listados de la gente que se inscribió, que está en el listado de orden de mérito y eso va en contra de mi afiliado, me alteraron el orden y del acceso al trabajo, o sea, yo no soy una víctima directa, por eso insisto y jodo con el tema que Fiscalía de Estado promueva la acción penal, son ellos los que tienen que estar”, advirtió.
