Recientemente el Secretario de Minería decidió iniciar sumario para deslindar responsabilidades respecto al impacto ambiental de la actividad minera. Ello por tantas opiniones e imputaciones, por tantos cuestionamientos que se le hacen a esta actividad. Sostuvo que a efecto de darle cauce a esa cuestión se inició sumario por medio de una resolución a raíz de las presentaciones en la Mesa de Diálogo Minero, que en la Secretaría no existen constancias ni pruebas documentales, ni científicas que determinen el incremento de enfermedades, contaminación o disminución de recursos hídricos de la poblaciones Belén, Andalgalá y Santa María. Que el objeto es llevar tranquilidad y certidumbre a la población en general. Que para ello es necesario que los denunciantes ratifiquen sus dichos y acompañen las pruebas que los respalden. Que de ahí se le va a correr traslado a las empresas mineras y a todos los organismos competentes. Se trata, a su decir, de la formación de un sumario oficial que desnaturaliza la función propia del órgano que representa y también todo procedimientos legal.

Previamente, en la Mesa de Diálogo del 02/05/07, el Secretario de Minería entre otras defensas de la actividad Minera esgrimó inconscientemente que las empresas deben cumplir con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y que el Estado debe controlar ese cumplimiento. Ahora bien, la RSE es un concepto que cobró fuerza en los años 90, con el advenimiento de la globalización y se generó fundamentalmente como estrategia corporativa para esconder las malas prácticas en el manejo social y ambiental de las comunidades pobres y se traduce en la ejecución de obras y patrocinio de eventos que hagan rentable la imagen de la empresa. Es un mero acto de voluntarismo empresarial que no tiene un marco legal, por lo tanto ninguna empre4sa debe cumplir obligatoriamente con dádivas y mucho menos es función del Estado controlar que las empresas las efectúen. Esa es precisamente la contradictoria noción socialista que encierra el capitalismo y que evidencia el mal rumbo conceptual que llevamos al respecto.

En Agosto/06, en La Rioja, Sinner junto con otros funcionarios mineros de varias provincias, resucitando los fantasmas que ellos mismos crearon, coincidieron en que durante los últimos meses, organizaciones ecologistas foráneas empezaron a emitir "mensajes confusos a la población en contra de la minería", "que estas organizaciones apelan al miedo y a la desinformación de la población generando un terror infundado sobre los alcances de la actividad". Hacia Enero/07 dijo "Somos los que más cuidamos el medio ambiente. Los ambientalistas somos nosotros, los que hacemos minería", "Los yacimientos mineros están en zonas alejadas, por lo general en plena cordillera, donde la alteración de un ambiente es mínima".

Con esta fantochada de los sumarios se crea una suerte de proceso administrativo entre la Secretaría de Minería y los ciudadanos comunes (no sus empleados), en el cual la Secretaría es Juez y parte. Por una parte se defiende y sostiene a la actividad minera y por otra se pretende asumir una postura neutral y equidistante, a qué jugamos entonces?. Cómo es que el Secretaría de Minería por un lado pretende hacer sumarios por denuncias ambientales y por el otro calla el intento de privatizar los controles ambientales mediante el proyecto de ley del Vice Gob. Colombo para crear el IDICAM (Instituto de Investigación y Control Ambiental Minero). Cómo se entiende que Sinner pretenda investigar los cuestionamientos a la actividad y guarde el más absoluto silencio frente a una falsedad expresada sin vergüenza en la Mesa de Diálogo por Báez, el Subsecretario de Medio Ambiente (no el cartonero) que trabaja conjuntamente en el tema ambiental, cuando violando sus deberes de funcionario dijo para que quede en claro que "El Dique de Colas es un depósito de minerales de baja ley", cuando el dique de Colas es el depósito de residuos tóxicos del proceso de lixiviación, que al terminar la explotación serían algo más de 1.000.000.0000 de toneladas, cuyos componentes principales entre otros son el arsénico, el cadmio, el cromo, el cobre, el cianuro total, el manganeso y el cinc. Cómo se explica que el Gobernador proponga un debate serio y mande a la Mesa de Diálogo a semejante artillería. Así, con semejantes antecedentes, cómo podemos los ciudadanos comunes creer y confiar en los controles ambientales por parte del Estado.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, de turismo en China, busca capitales para reactivar el Ferrocarril para la Minera Agua Rica, Mayoral ya lo afirma como próximo, por una exigua suma de U$S 2500.000.000 que vamos a pagar todos los argentinos para que se transporte el mineral. Eso es lo que se llama "privatizar las ganancias y socializar las pérdidas", total vamos a tener buenos ingresos por regalías en la provincia, los que vamos a seguir malgastando al antojo de los funcionarios de turno. Paralelamente, de espaldas, se desoye el reclamo de los pobladores locales y no realizan evaluaciones, previsiones y planificaciones para reestablecer y proteger la naturaleza evitando el temido efecto de la desertización.

En Agosto de 2006 la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, novel e ingenua palomita, sin preparación alguna, que reconoció no tener capacidad técnica en un montón de sentidos, salió a arremeter a contramano de la política instrumentada a través de la Secretaría de Minería de la Nación, diciendo que la explotación minera a cielo abierto es contaminante y produce severos daños ecológicos, económicos y sociales, inmediatamente la cruzó el Consejo Federal Minero (COFEMIN)diciendo que debe abstenerse de realizar acciones unilaterales e inconsultas en las provincias, a su vez Laplace, titular de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) dijo que las declaraciones de Picolotti "no le hacen nada bien a la actividad (sic)", Dedeu, Pte. De la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) dijo que "se intenta denigrar a la actividad que tiene mayor futuro en la economía del país". Mayoral, conocido en el Oeste como "El Demonio Minero" o "Síganme los buenos", dijo que "las instituciones no se atropellan desde planteos personalistas". Uno o dos ablandes más y en marzo de 2007 la Secretaria Picolotti ya estaba firmando un Acuerdo con Secretario Mayoral, con presencia del COFEMIN, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación y AOMA entre otros, en el mismo acuerdo no hacen más que establecer la cooperación entre ambos organismos, reconocen la existencia de la ley minera que fija la jurisdicción provincial como autoridad de aplicación (vaya novedad) y fundamentalmente destacan la importancia de la minería en el desarrollo equilibrado del país, expresiones que son propias de las empresas que invocando el autocontrol y aplicación de normas ecológicas internacionales degradan y destruyen el medio ambiente. Así es como con palabras vacías de contenido, tales como un compromiso de desarrollo ambientalmente sustentable y socialmente sostenible se logró silenciar y poner bajo el zapato a la voz oficial del medio ambiente, última esperanza que muchos ciudadanos tenían en su lucha. Se le hace saber a los ciudadanos que la función primordial del Estado en una economía de mercado es la de garantizar, resguardar y promover la inversión privada. Con posterioridad, Sinner firmó un acuerdo similar, pero esta vez con la ya controlada Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

El propio Gobernador de la Pcia. , el que con anterioridad otorgó irresponsable y graciosamente certificados ambientales a La Alumbrera, cuando se refiere a la minería, habla de recursos incalculables, tesoros potenciales a la espera de ser explotados. Recientemente destacó a la minería como "imprescindible en la vida de la humanidad (sic), especialmente en los países como el nuestro; a lo que hay que entender que este hombre o tiene un concepto limitado de vida o simplemente relativiza la importancia del agua y el oxígeno como elementos imprescindibles para la vida. Es clarísima la política de estado: "si no existe la minería, no existimos". También dijo que "Es importante que el sector minero instrumente políticas sociales en aquellos lugares donde se insertan, consiguiendo una licencia social de parte de la comunidad", esto no es nada más y nada menos que el reclamo de actos de asistencialismo, duramente criticado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Es nada más y nada menos que proclamar el vacío de poder respecto a la función del Estado y entregar a los habitantes de las comunidades locales a la suerte de los designios de las corporaciones multinacionales (no empresas Argentinas como ellas mismas se publicitan). Esto ya sucedió y continuará sucediendo, con las empresas dirigiendo veladamente la política educativa ambiental, social y la administración de los recursos locales. Comprando miles de hectáreas donde se encuentran los recursos; ocupan, cercan y privatizan otras miles de hectáreas del Estado (de sus habitantes), se apropian del curso de los ríos, los contaminan, disponen su uso, contaminan la atmósfera, desertizan y ponen en peligro el equilibrio un extenso sistema biológico.

Desde el Estado todo son "planes y proyectos", aspiraciones, declamaciones de buena voluntad y promesas de desarrollo que no van más allá de ser meros propósitos perfectamente diseccionados a imponer a la minería a cualquier costo. Y lo más grave y preocupante es que en pos de ese interés meramente político y economicista se ignore y minimicen los impactos y consecuencias ambientales negativas de las grandes explotaciones a cielo abierto, tal como ya han sucedido en todo el mundo. Ya se da por sentado y es un hecho indudable para los funcionarios, que Agua Rica se va a instalar si o si en Andalgalá,

Julio Andrada
Abogado