La investigación que estallara este lunes tras conocerse el allanamiento en las oficinas de la Secretaría de Turismo a cargo del profesor Edgardo Avalos, podría concluir en traumáticas derivaciones.

Es que al margen de la investigación que la Justicia provincial lleva a cabo en la eventual comisión del delito de defraudación a la administración pública por la otorgación de créditos FONDETUR durante el presente período, un alto funcionario de la Secretaría de Turismo estaría también involucrado en el hecho al haber sido el puente “necesario” para varios de esos créditos, mal otorgados, por lo tanto mal habidos.

El tráfico de influencia que siempre fermentó en Turismo, que permitió a uno o varios  “emprendedores” hacerse de platita fácil sin siquiera preocuparse por desarrollar emprendimiento turístico alguno, en una provincia con enormes bondades naturales, como fenomenales carencias de atractivos que cautiven a turistas, resulta por demás oneroso el permitir y compartir semejante estafa al erario público.

Se dice que el alto funcionario estaría a través de su pareja vinculado a quien fuera a su vez la pareja de uno de los presuntos estafadores y que tras romperse la relación sentimental concluyó con la denuncia en estrados judiciales, ya que el productor turístico y viñatero habría vendido durante el transcurso del trámite de adjudicación del FONDETUR y la percepción de 100 mil pesos, la propiedad en Fiambalá, aunque no se descarta que dicha denuncia se efectuó para procurar quedar “limpio”.