Libertador General San Martín sabe de sangre y represión. Esa localidad
jujeña es más conocida como Ledesma, tal el nombre del ingenio de los
Blaquier, empresa que se transformó en uno de los emblemas de la
colaboración civil con la dictadura. Hace pocos días sus pobladores
volvieron a marchar como cada año, a 35 de las Noches de los Apagones,
cuando cortaron la luz y la dictadura secuestró a centenares de personas,
con el apoyo logístico de los vehículos de Ledesma. Décadas de connivencia e
impunidad entre el gigante del azúcar y las fuerzas represivas culminaron
ayer en el feroz desalojo, casi como una devolución de favores.

“Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total
impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran
conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, recordó
Ricardo Arédez hace cinco años, en el 30º aniversario de los apagones. Su
familia conoció de cerca el poder de los Blaquier cuando su padre, Luis, era
el médico del Ingenio y lo cuestionaban por recetar “remedios caros” para
los obreros. Años más tarde siguió siendo molesto para los dueños del feudo
azucarero cuando, ya como intendente, quiso cobrarles impuestos, algo que
jamás había ocurrido. Arédez sufrió dos secuestros pero del segundo nunca
volvió, permanece desaparecido desde 1977. Su mujer, Olga Márquez de Arédez,
se puso un pañuelo blanco y comenzó a dar vueltas a la plaza del pueblo,
exigiendo lo mismo que tantos familiares: aparición con vida y castigo a los
culpables. Lo hizo hasta su muerte, en 2005, por un cáncer de pulmón que
probablemente haya sido producido por bagazosis, una enfermedad derivada de
la contaminación de bagazo, ese desecho de la caña que la empresa acumula en
montañas a cielo abierto e impregna de olor a vómito de bebé las calles de
Ledesma. Antes de morir, esa mujer presentó un amparo por la contaminación
del ingenio, pero no prosperó.


Los organismos de derechos humanos vienen planteando que llegó la hora de
juzgar las responsabilidades civiles del genocidio, en el entendimiento de
que hubo una unidad entre el empresariado y los represores porque estos
últimos eran los garantes de que el modelo de acumulación permanecería
intacto, que no habría molestos delegados obreros haciendo planteos ni leyes
que coartaran la libertad de mercado. Por eso, en un pueblo donde el
poderoso Ingenio dominaba (y domina) casi todos los aspectos de la vida
cotidiana –al punto de que en el hospital local jamás diagnosticaron un caso
de bagazosis y son hostigados los militantes del centro de acción popular
que funciona en la casa familiar de los Arédez, saqueada en 2007– parecía
natural que durante la última dictadura los gendarmes durmieran en el predio
y la represión se hiciera con camionetas que llevaban el logo de Ledesma.
Así era en julio de 1976, mes de los apagones, y poco o nada cambió en julio
de 2011, donde un grupo de personas sin techo pretendió ocupar 15 de las
40.000 hectáreas de caña de los Blaquier.


El caso de Arédez, como el de las decenas de desaparecidos de Libertador
General San Martín y Calilegua, está abierto en los tribunales federales de
Jujuy. A principios de abril, HIJOS y un grupo de abogados se presentaron
como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas
trabajadores del ingenio. Una ONG europea argumentó, en las tres causas que
investigan delitos cometidos contra 55 personas que trabajaban o vivían en
Ledesma, que la empresa azucarera y papelera colaboró con el terrorismo de
Estado. Pero la Unidad Fiscal de Seguimiento de los juicios por crímenes de
lesa humanidad hizo un duro informe alertando sobre la parálisis de los
expedientes jujeños, y nada de esto parece haberles removido el polvo.


Los Blaquier de Ledesma –que no tributaron por décadas, que contaminan
Libertador hasta enfermar mortalmente a sus habitantes, que parecen ser
inmunes a los boicots contra sus productos organizados por los sindicatos
locales, a las intimaciones por salubridad de la Anses, y a los pocos
pedidos de explicaciones de la Justicia– todavía no rindieron cuentas ante
tribunal alguno. Pero el clamor de que así sea por parte de los
sobrevivientes de los apagones, al que se sumará el de los muertos de ayer,
aún no calla.