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Martes 05 de abril de 2011

   
   
El ministro Silva busca seguridad laboral para sus funcionarios

En un rápido reflejo tras la caída electoral del 13 de marzo, 48 horas después el titular de la cartera de Gobierno le pidió al Gobernador que decretara la designación -con contrato de servicios- para la actual directora de Defensa Civil, el director de Administración de ese ministerio y hasta su propio hermano, entre otros.

Lejos de pensar en el juramento que un día le tomó el jefe de estado (“Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia. ‘Si Juro’ -se escuchó decir, para Brizuela responder- Si así no lo hicieres, Dios, el pueblo de mi provincia y la Patria te lo demanden”) es que Luis Oscar Javier Silva, el pasado 15 de marzo, elevó una nota de estilo al gobernador Eduardo Brizuela del Moral solicitándole el pase a planta no permanente -con contrato de servicios- de varias personas, entre ellas actuales funcionarios de nivel jerárquico.

La actitud no se condice con la realidad de muchos empleados de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos -entre ellos su propia madre-, del Agua y del Ambiente y Vialidad Provincial, que deben salir a la calle a pedir el cambio de revista.

En tanto Silva, a escasos metros del despacho del Gobernador y en su calidad de ministro político, hace acuse de recibo del golpe en las urnas y buscando seguridad para quienes hoy y desde hace muchos años ocupan un sitial de funcionarios jerarquizados, pide solo por ellos.

La lista remitida por el titular de la cartera de gobierno incluye -entre otros- a la directora de Defensa Civil, Gretel Galeano; al subdirector de esa repartición, Eduardo Galli; al director de Administración del ministerio, Juan Salado Greco; a Rina María Eugenia Burgos, su secretaria privada; y hasta su hermano, Diego Martín Silva, entre otros.

Falta conocer si la “lista de buena fe” remitida por Silva ya fue asentida por el jefe de estado y convirtió a los actuales funcionarios en empleados privilegiados del estado provincial.
 
 
 
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