Según el  nuevo organigrama de funciones especificas en lo relacionado al control y eficiencia en el juzgamientos de las conductas de quienes integran la fuerza policial provincial, se prevé l creación de un Tribunal compuesto por: tres oficiales superiores en situación de retiro y cuyo rango no sea inferior al de comisario mayor; un abogado perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos, o al Colegio de Abogados, un asesor perteneciente a la subsecretaría de Seguridad y la figura de un defensor para que patrocine a los sumariados durante el proceso administrativo.

De esta manera se disuelve  la conocida estructura, compuesta únicamente por personal policial en actividad, que se ocupaba de juzgar a sus pares y que era seriamente cuestionada, al dejar bajo sospecha que eventuales enemistades entre los integrantes de la fuerza devinieran en "arbitrariedad" y "castigos exagerados" en los fallos, lo que  habrían sido determinantes para la reforma y disolución del actual mecanismo.

El Tribunal mencionado recibirá la información de lo que será la Dirección de Sumarios, que quedará bajo la orbita directa de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo del doctor Juan Pablo Morales, este último impulsor del futuro mecanismo de juzgamiento de las conductas de uniformados de la Policía Provincia.